Carteles empresariales ¿Cómo impactan a la economía colombiana?

Entre 10% y 30% oscila el incremento de precios en los productos y servicios a causa de la cartelización. Un fenómeno que sigue afectando a los consumidores, la economía y el desarrollo del país

Por: Superintendencia de Industria y Comercio

Publicado en la revista Business Mail, disponible aquí


La libre competencia es un derecho colectivo que tiene como razón de ser la protección de los consumidores, la participación equitativa de los agentes que concurren en el mercado y la eficiencia del mismo. Así, cuando las empresas se reúnen para concertar condiciones que afectan los precios de los productos que se ofrecen al público, o para repartirse el mercado, hay una transgresión de un derecho que es la columna vertebral de nuestro sistema económico: la libre competencia económica.

En este sentido, cuando un agente del mercado viola la libre competencia y es sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se le está recordando que ha infringido un derecho de  la más alta importancia y del cual todos los colombianos son titulares (Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia).

Del mismo modo, nuestra Constitución Política define los lineamientos económicos que rigen al Estado colombiano, los cuales se sustentan en la idea de una economía de mercado, donde deben respetarse las iniciativas privadas tendientes a tomar, producir un bien o prestar un determinado servicio. Por esa razón, el regulador natural debe ser el comportamiento mismo del mercado, que le permite al empresario identificar los momentos de abundancia o escasez en los distintos sectores de la economía, y evaluar los riesgos y oportunidades de participar en ese segmento en particular, en igualdad de condiciones que sus competidores.

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Es por esto que la cartelización  empresarial, especialmente aquella que ocurre para fijar los precios de bienes o servicios, es la conducta más indecorosa y reprochable en la que pueda incurrir un empresario. Es considerada una distorsión grave de la libre competencia, toda vez que dichos acuerdos acaban con el proceso competitivo y rompen el funcionamiento normal del mercado, lo que se traduce además en perjuicios para los consumidores y la economía en general.

Una batalla dura, pero necesaria.

 Los carteles tienen la potencialidad de afectar a los consumidores, a los competidores de las empresas cartelizadas, a la eficiencia económica y al buen funcionamiento del mercado.

En  particular,  los  consumidores se ven afectados por los carteles empresariales en la medida en que estos se traducen principalmente en incrementos de los precios, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pueden oscilar entre el 10% y 30%; lo que hace que disminuya  la demanda atendida de los bienes o servicios afectados. Así mismo, cuando se limita el ambiente competitivo en el mercado, los consumidores pierden la oportunidad de recibir una mejor calidad de los productos afectados, al tiempo que se reducen los incentivos para la innovación. Por el contrario, en ausencia de un cartel, las compañías deben aplicar la regla de “hacerlo mejor que la competencia”; con mejores productos y menores precios, para atraer más consumidores.

Debe mencionarse además, que los carteles para la fijación de precios no se traducen únicamente en incremento de éstos. También, puede ocurrir que los cartelistas conspiren para fijar tarifas realmente bajas, lo que podría servir como un instrumento para excluir o sacar del mercado a pequeñas empresas, que no están en la capacidad de afrontar, por largos periodos de tiempo, la reducción de precios, en tanto sus costos de producción resultan ser más altos que los de los carteristas.

Por todo lo anterior, la SIC no ha ahorrado esfuerzos para combatir los acuerdos restrictivos de la competencia en Colombia. En los últimos años, se han conseguido resultados importantes que se han traducido en el alivio del bolsillo del consumidor y han generado mayor transparencia en los mercados. 

Cuando se limita el ambiente competitivo en el mercado, los consumidores pierden la oportunidad de recibir una mejor calidad de los productos afectados, al tiempo que se reducen los incentivos para la innovación.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha luchado contra la cartelización empresarial, no sólo porque es su función, sino porque cree firmemente que el mercado debe funcionar en línea con la idea de la economía de mercado, y, en consecuencia, basado en la rivalidad. El esfuerzo de esta Autoridad es para que las empresas entiendan que, desde su ADN, están diseñadas para competir.

 

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