Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo: una batalla constante

Los esfuerzos para combatir efectivamente este fenómeno deben provenir no solo de parte de los Estados y las autoridades, también del empresariado y la sociedad misma.

Por: Luis Humberto Ustáriz, socio de Ustáriz Abogados Estudio Jurídico.

Publicado en la revista Business Mail, disponible aquí


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El lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FADM) es un asunto que viene ganando fuerza tanto a nivel local como internacional. Cada vez son más sofisticados los mecanismos que usan las organizaciones criminales para dar aparente legalidad a los recursos provenientes o dirigidos al LA/FT/FADM, lo que resulta impactando negativamente las naciones a nivel mundial. El lavado de activos es un fenómeno que afecta el buen funcionamiento de la economía y por ende constituye una falla que distorsiona los precios del mercado y afecta a toda la sociedad.

Según los datos presentados en el Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el lavado de activos en Colombia cuesta cerca de $20 billones de pesos al año, cifra que resulta preocupante pues revela el poder que tiene dicha actividad ilícita en nuestro país, y por ende la necesidad que las autoridades cada vez aúnen más esfuerzos para combatir de manera efectiva este fenómeno.

Así las cosas, contar con un sistema de administración de riesgos de LA/FT/FADM dejó de ser un tema exclusivo para aquellas entidades que hacen parte del sistema financiero y otro pequeño grupo de entidades del sector real. Hemos visto como en Colombia se ha venido expidiendo normatividad que extiende las obligaciones de contar con sistemas de administración de riesgos robustos y efectivos para otro tipo de sectores y entidades. Es decir, un tema que nació exclusivo del sector financiero, se ha venido expandiendo al sector real, inmobiliario, automotriz, entre otros.

Tampoco pueden dejarse de lado las operaciones de comercio internacional. Dentro de las últimas normas expedidas que involucran los sistemas de administración de riesgos, en la modalidad de lavado de activos se encuentra el Decreto 390 de 2016 que tiene como objetivo facilitar las actividades de comercio exterior, estableciendo criterios de confianza para el desarrollo de la relación entre la administración aduanera y los diferentes operadores del sistema.

Una de las maneras mediante las cuales se busca facilitar las operaciones de comercio internacional, es a través de la implementación por parte de sus actores de un control soportado en un sistema de gestión de riesgos y calificando la administración aduanera a los diferentes operadores de acuerdo con los sistemas de gestión de riesgos que implementen. A mejor calificación, mayor confianza en el operador y, por ende, mayor agilidad para las operaciones.

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El nuevo Estatuto Aduanero establece la obligación para los operadores de comercio exterior (que a partir de la expedición del Decreto 2147/16 incluye también a todos los usuarios de Zonas Francas) de cumplir con todos los mecanismos de prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, con un enfoque basado en riesgos que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian).

Todos los operadores obligados deben incluir como parte de sus sistemas de administración de riesgos las siguientes etapas: (i) Identificación de los riesgos; (ii) Medición o evaluación de los riesgos; (iii) Control de los riesgos y (iv) Monitoreo de los riesgos y controles. Es decir, no estamos frente a un mecanismo básico como lo fue el Sistema Integral Para la Prevención del Lavado de Activos (Sipla), sino frente a un sistema de administraci de riesgos estamos frente a unasistema de administraciaci al sector real, al sector inmobiliario, al de vehjón de riesgos más complejo, que implica contar con matrices de riesgo, análisis estadísticos, cálculos de probabilidad y de ocurrencia, entre otros. En suma, un sistema de administración de riesgos de LA/FT/FADM pretende de manera idónea prevenir, monitorear y mitigar la realización de éstos en los operadores de comercio exterior

La importancia de esta regulación no es menor pues, tal como lo señaló el Financial Action Task Force en su documento “Trade based money laundering”, hay tres métodos principales mediante los cuales las organizaciones criminales y los terroristas circulan el dinero dando apariencia de legalidad a los recursos, siendo uno de ellos el “movimiento físico de bienes a través del sistema comercial”1.

Teniendo en cuenta lo anterior, resultan de mayor impacto las disposiciones contenidas en el decreto en comento, y aquella que expida la Dian para que un sector altamente expuesto al LA/FT/FADM como lo es el comercio internacional, no resulte siendo un blanco atractivo para las organizaciones delictivas. De ahí que el compromiso de dar cabal cumplimiento y aplicación a la regulación de LA/FT/FADM debe darse de parte de todos los actores involucrados en la cadena de actividades de comercio exterior.

Los esfuerzos para combatir efectivamente las actividades de LA/FT/FADM deben provenir no solo de parte de los Estados y autoridades, sino de la sociedad misma. Por ello, más allá de cumplir con una norma, en Colombia surge la necesidad que los empresarios se esfuercen por generar un ambiente de buenas prácticas corporativas dentro de sus compañías, que incluyan herramientas encaminadas a lograr un entorno de transparencia y ética en los negocios, que permita hacer efectiva la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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