La evolución de la lucha contra la corrupción y el papel del sector privado en su prevención

Publicado en Business Mail Julio 2016, disponible aquí


Por Natalia Escobar, Abogada Asociada del Departamento de Litigios de Cavelier Abogados 

El marco legal nacional ha respondido a los avances internacionales en materia anticorrupción, con un énfasis claro en el rol protagónico de las empresas.

Desde hace algunas décadas, el fenómeno de la corrupción se ha encontrado en el tope de la agenda de los Estados, por lo que su prevención y lucha, en las cuales participan varios organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros, se convierte cada vez más en un interés global.

Sin embargo, recientemente se ha abandonado la concepción de la corrupción atada únicamente al sector público. Es por esta razón que se ha considerado que la corrupción que ocurre en el sector privado también afecta el crecimiento económico y genera desigualdad y pobreza para la sociedad, por lo que los empresarios y las personas jurídicas tienen un papel preponderante en su prevención y en su autorregulación.

En un inicio, fueron dos los grandes instrumentos que comenzaron a trazar las pautas internacionales en la lucha contra la corrupción y que fueron adoptados en el ordenamiento legal colombiano. Primero, con el auge del narcotráfico en la década de los noventa y su penetración en diferentes ramas del Estado, la OEA promulgó la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 412 de 1997), en la cual se definieron aquellas conductas que serían consideradas actos de corrupción, tales como el cohecho (en sus distintas modalidades) y el peculado.

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En segundo lugar, en el año 2004 la ONU promulgó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 970 del 2005), la cual vinculó al sector privado. Las Naciones Unidas le sugirieron a los Estados adoptar medidas pertinentes para prevenir la corrupción, como la cooperación entre las entidades del Estado y las privadas, códigos de conducta, promoción de la transparencia entre las entidades privadas, prevención de conflictos de intereses y suficiencia en los controles contables internos.

Como producto del compromiso internacional adquirido, en Colombia se promulgó el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011), en el que se incluyeron como delitos penales la administración desleal, la corrupción privada y el soborno trasnacional, y se consagró responsabilidad civil a las personas jurídicas por los delitos establecidos en el estatuto.

Igualmente, mediante la Ley 1573 del 2012, el Estado colombiano aprobó la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, la cual básicamente estuvo orientada a que los Estados tipificaran el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros.

Posteriormente, en el año 2013, la OCDE aceptó revisar la petición de ingreso que elevó nuestro país. Teniendo en cuenta que la organización sostiene que las distintas formas de corrupción y su percepción pueden traer como consecuencia una pérdida en la confianza en los gobiernos, las empresas y los mercados, emitió una serie de recomendaciones para Colombia. Como resultado se expidió la Ley 1778 del 2016, en la que se reguló la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional.

En dicha norma se estableció un régimen de responsabilidad administrativa a las personas jurídicas que cometan actos de soborno trasnacional, extendiendo su responsabilidad a empleados, contratistas, administradores o asociados. Igualmente, contempló como sanciones multas que van hasta los 200 mil S.M.L.V., inhabilidad para contratar con el Estado hasta por 20 años, publicación de un extracto de la sanción impuesta a la persona jurídica o la prohibición de recibir incentivos o subsidios del gobierno.

De esta forma, la evolución normativa nacional e internacional en materia de corrupción le ha otorgado a las empresas del sector privado un papel preponderante en la lucha contra este flagelo, no solo haciéndolas destinatarias de normas sancionatorias (penales, civiles, administrativas) sino también protagonistas de la prevención del riesgo de corrupción a su interior a través de programas de ética empresarial, en los que incorporen mecanismos internos anticorrupción, de auditoría y promoción de la transparencia.

De interés:
Editorial | Nuestro aporte a la lucha contra la corrupción

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