Evasión tributaria, un problema con origen en la asimetría de la información

Publicado en Business Mail Mayo 2016, disponible aquí 


Por Guillermo Zabala, Director de Comités y Asuntos Jurídicos de AmCham Colombia.

La evasión de impuestos en Colombia podría apalancarse en una cultura tributaria de muchas reglas de juego, pero poca comunicación entre sus partes.

Hace algunos años, George Akerlof, Michael Spence y Joseph Stiglitz abordaron la asimetría de la información no sólo como una imperfección en la que dos agentes o personas que participan en un mercado manejan información distinta para la toma de sus decisiones, sino como un fenómeno que puede traer graves consecuencias para la economía y que, por lo tanto, llama a los gobiernos a intervenir oportunamente para corregirlo.

Esta idea, que les mereció el Nobel de Economía en 2001, es útil como perspectiva para analizar el problema de la evasión tributaria en Colombia, cuyos efectos sobre la economía han sido sólo vagamente dimensionados. Fuentes oficiales y no oficiales estiman que entre 4.5 y 6 billones de pesos al año se dejan de recaudar por prácticas que buscan la evasión en el pago de los impuestos.

Estas cifras apenas ofrecen el contexto de esta problemática, tratada en el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2015 sobre Colombia, en donde señala que la evasión de impuestos es una práctica extendida que reduce de manera significativa la recaudación impositiva; esto es, que afecta el recaudo de más de un impuesto, siendo en particular el IVA su principal víctima.

La OCDE identificó algunos factores decisivos para que la evasión sea una práctica extendida, como la debilidad del sistema tributario para fiscalizar a sus contribuyentes (sólo un 0.1% del total es inspeccionado); las sanciones actuales, que no logran disuadir a los evasores; y la complejidad del sistema tributario, que no contribuye a la identificación del contribuyente y dificulta el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Una mirada detallada de estos factores permite entrever que además de generar asimetrías en la información entre el gobierno y los contribuyentes, la evasión agrava la falta de capacidad institucional, ya que no hay información disponible para fiscalizar a los contribuyentes. Esto conduce en alguna medida a cargar tributariamente con tasas estatutarias de renta a las empresas por encima del 34% (actualmente), dada la necesidad de aumentar los ingresos fiscales del país. Esto trae como consecuencia impactos negativos en la inversión y el crecimiento económico del sector formal y productivo del país, además de incentivar la fuga de capitales al exterior (en algunos casos paraísos fiscales) y contraer a mediano plazo el recaudo impositivo.

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La ineficacia de las medidas para disuadir la evasión parte del reto que enfrenta el gobierno para modernizar sus medios de intercambio de información con los contribuyentes; el proyecto de factura electrónica es uno de ellos. Por tal motivo, surge la necesidad de replantear el sistema de incentivos y sanciones, para que reconozca la realidad de los agentes económicos que se aprovechan de un mercado informal de gran tamaño, que a su vez les facilita asumir por un menor riesgo la comisión de prácticas evasoras y les ofrece una zona gris que los encubre, gracias a la dificultad de lograr con algunos países la suscripción de tratados para el intercambio automático de información tributaria.

Estos acuerdos seguramente hacen parte de la lista de acciones correctivas del gobierno contra la asimetría de información que se da cuando las imperfecciones del mercado le permiten al contribuyente infractor entrar en prácticas evasivas, a sabiendas del bajo riesgo que corre de ser judicializado.

Ahora bien, sumado a esto, la existencia de un sistema tributario complejo con más de 500 artículos reguladores de la materia y de trámites, que en algunos casos le significan a las empresas realizar hasta 20 declaraciones sólo por concepto del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), evidencia la dificultad a la que debe enfrentarse el gobierno para fiscalizar con este volumen de reglas de juego a un número de contribuyentes esenciales para el cumplimiento de sus obligaciones. Muchos de ellos no conocen la aplicabilidad y procedibilidad de estas normas, pero desde luego existe otro tanto que se aprovecha de esta circunstancia para evadir y competir de manera desleal contra la industria formal.

Ya Stiglitz mencionó que “hay un papel que puede interpretar el gobierno, no sólo corrigiendo las fallas de mercado, sino también reparando esas asimetrías en el poder”. En nuestro caso, el gobierno podría ir más allá de solamente empoderar al contribuyente con información precisa y clara de sus obligaciones y procurar que el ejercicio de sus derechos sea efectivo. Son 15 en total para el contribuyente y el usuario aduanero, ¿cuántos de ustedes saben de su existencia? En el Artículo 193 de la Ley 1607 de 2012 pueden obtener la respuesta. Una asimetría de información menos para nuestros lectores.


De interés:
Reforma tributaria: una necesidad para el gobierno y las empresas

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