Barreras a la integración de las energías renovables en Colombia

Publicado en Business Mail Abril 2016, disponible aquí 


Por: Guillermo Zabala Latorre, Director de Comités y Asuntos Jurídicos de AmCham Colombia.

La situación energética del país amerita medidas audaces en cuanto a fuentes no convencionales de  energía, pero persisten obstáculos para su desarrollo eficiente.

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) publicó en 2015, en convenio con otras entidades multilaterales, un documento para la integración de las energías renovables en Colombia y la promoción de criterios de mercado para las energías renovables no convencionales a través de la eliminación de barreras para su desarrollo.

En este ejercicio, la UPME identificó, clasificó y priorizó estas barreras para definir los mecanismos o instrumentos que permitan removerlas con miras a incentivar el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables en el país:

  1. Incentivos erróneos, como los subsidios a fuentes convencionales de energía.
  2. Costos y financiamiento, representados en el costo de acceso a las tecnologías no convencionales y su financiamiento.
  3. Barreras de mercado, relacionadas con la posición dominante de algunos agentes del mercado, regulación del mercado y mecanismos de fijación del precio.
  4. Competencia imperfecta, en la cual las energías renovables no compiten en igualdad de condiciones frente a las energías convencionales.
  5. Externalidades, como la falta de consenso frente a la valoración y la importancia de asumir los costos de implementar energías no convencionales para luego obtener sus beneficios.
  6. Falta de información adecuada que permita una justa valoración del riesgo para efectos de financiamiento e internalización de externalidades.
  7. Capital humano, en términos de formación, capacidades y experiencias adecuadas que faciliten la correcta trasferencia tecnológica al país.
  8. Prejuicio tecnológico, en el que se genera un sesgo en el mercado y se dificulta la entrada de las tecnologías no convencionales porque el mercado energético está compuesto por agentes con portafolios y tradición en tecnologías convencionales.
  9. Costos transaccionales, asociados con la valoración del recurso, permisos, licenciamiento, negociación de contratos de venta de energía e interconexión, entre otros, que suelen ser mayores que los asociados con las tecnologías convencionales.
  10. Factores regulatorios e institucionales, que hacen necesaria la adaptación y transformación de esquemas regulatorios para la incorporación de fuentes no convencionales de energía.

Male Hand Activating Renewable Energy Icons.

Estas barreras, según señala la UPME, obstaculizan las distintas clases de proyectos de energías renovables en el país. El caso de los proyectos de energía eólica y los sistemas de autogeneración con energía solar fotovoltaica (FV) es de especial interés para el caso colombiano, ya que son los que gozan de mayor difusión y penetración en el mundo, especialmente en países de la región como Brasil, Chile, Perú, Panamá, México y Estados Unidos.

Para la energía eólica fueron identificadas tres barreras prioritarias: el licenciamiento, los requerimientos técnicos y la infraestructura. En materia de licenciamiento, las consultas previas y la negociación con las comunidades se identifican como un proceso de dificultad para el desarrollo de los proyectos, dado que la construcción de los parques eólicos u otras obras podrían tener lugar en zonas en donde existen derechos sobre el área de influencia. La UPME señala también la ausencia de un reglamento técnico y operativo que guíe y dé certeza sobre los requerimientos específicos que deben cumplir los agentes desarrolladores de proyectos eólicos para poder integrarse al Sistema de Interconectado Nacional (SIN).

Por otro lado, en términos de infraestructura, una barrera crítica es la inexistencia de redes de transmisión en lugares con alto potencial eólico como la Alta Guajira, que permitan interconectar los proyectos al SIN. Esto, a su vez, dificulta la viabilidad económica de los proyectos. Así mismo, cabe destacar una barrera que no ha sido identificada como prioritaria por la UPME y que está relacionada con la valoración de la complementariedad del recurso eólico al recurso hídrico y con la falta de mecanismos de mercado que reconozcan la naturaleza aprovechable de esta fuente de energía, por cuanto obstaculizan su acceso al mercado eléctrico en igualdad de condiciones contractuales y financieras.

Para el caso de los sistemas de energía solar FV, la UPME ha evidenciado que aunque la Ley 1715 de 2014 les permitió a los sistemas conectados al SIN entregar sus excedentes, hay tres barreras prioritarias por superar para que estas fuentes de energía no convencionales logren desarrollar su potencial. En cuanto a la venta de excedentes, está pendiente una reglamentación que permita acoger favorablemente las medidas de la Ley 1715 de 2014, para facilitar la entrega y comercialización de los excedentes. Por otro lado, la ausencia de una política energética que promueva el desarrollo de la generación de energía de fuente solar FV a pequeña escala y la falta de un rol activo del Estado para superar las barreras técnicas que impiden integran los distintos sistemas de fuentes de generación al SIN constituyen una segunda barrera. La última barrera es la inexistencia de requerimientos técnicos para la selección o aprobación de componentes y equipos que cumplan con estándares de seguridad y calidad para la interconexión de los sistemas FV con el SIN. Finalmente, se destaca como barrera no prioritaria identificada por la UPME la necesidad de crear esquemas financieros de fácil acceso para pequeños y medianos usuarios interesados en invertir en este tipo de sistemas.

Como consideración final es importante señalar que si bien existen unas barreras que representan obstáculos considerables para la integración de las energías renovables en Colombia, el costo de oportunidad para el Estado de no asumir con decisión dicho trabajo resulta mayor que la decisión de afrontarlo, especialmente si se considera la relación costo – beneficio analizada por la UPME para los incentivos fiscales que trajo la mencionada Ley 1715: “el costo total descontado de los incentivos para el Estado colombiano sería de 554 millones de USD, contra un beneficio total de las externalidades positivas de 775 millones de USD (…) es una inversión rentable para Colombia”.

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