Proyecto de Estatuto Aduanero: ¿materializa las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia?

Publicado en Business Mail Febrero 2016, disponible aquí 


Por: José Francisco Mafla, Socio de Brigard & Urrutia y Presidente del Comité de Inversión de AmCham Colombia.

El proyecto de nuevo Estatuto busca facilitar el comercio y satisfacer los compromisos internacionales del país; el cumplimiento de estas finalidades recaerá notoriamente en la autoridad aduanera.

El proyecto de nuevo Estatuto Aduanero incluye en sus consideraciones “armonizar la regulación aduanera con los convenios internacionales, particularmente con las normas de la Comunidad Andina y el […] Convenio de Kioto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas”. Posteriormente hace referencia a la necesidad de “compilar, modernizar, simplificar y adecuar la regulación aduanera a las mejores prácticas internacionales, para facilitar el comercio exterior y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país dentro de los acuerdos comerciales.” En este sentido, pretende responder a la necesidad de reconocer al usuario aduanero como confiable y seguro.

Incluye igualmente dentro de sus consideraciones, que en virtud de las recomendaciones realizadas por la OCDE, es necesario “garantizar una pronta promulgación e implementación de una nueva regulación aduanera; y reitera la necesidad de adecuar la normativa aduanera al Anexo General del Protocolo de Enmienda de Kioto en los términos de la Decisión 618 de 2005 de la Comunidad Andina”.

Es interesante determinar si efectivamente las modificaciones propuestas por el proyecto cumplen y responden a sus consideraciones y materializan de manera efectiva los compromisos internacionales. El presente artículo busca efectuar este análisis frente a ciertas modificaciones relevantes; sin embargo, no pretende realizar un estudio exhaustivo en la materia.

Así las cosas, analizaremos ciertas obligaciones consagradas en el Capítulo 5 del Acuerdo Comercial celebrado entre Estados Unidos y Colombia y el Convenio de Kioto para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros en el marco de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Entre otras exigencias, el Capítulo 5 del TLC con Estados Unidos incluye la necesidad de publicitar las normas aduaneras (Artículo 5.1), adoptar procedimientos simplificados para el despacho de mercancías en un periodo no mayor al establecido en la ley y “en la medida en que sea posible despacharlas en las 48 horas siguientes” (Artículo 5.2), además de adoptar o mantener procedimientos expeditos para envíos de entrega rápida (Artículo 5.7).

International Trade Treaties

Frente al Convenio de Kioto, si bien Colombia no lo ha suscrito, en los términos de la Decisión 618 de la Comunidad Andina el país debe adecuar su normativa aduanera al Anexo General. A su vez, este Convenio exige la publicación de leyes y reglamentos, la implementación de las normas internacionales pertinentes, la necesidad de modernizar regímenes y prácticas aduaneras, previsibles, coherentes y transparentes y adoptar técnicas tales como sistemas de control de riesgo.

De manera preliminar, el proyecto, al incluir nuevos conceptos y renombrar otros, intenta cumplir el objetivo de claridad y uniformidad según estándares internacionales, distinguiendo situaciones que con anterioridad se prestaban para confusión. Por ejemplo, sustituye las referencias a nacionalización por desaduanamiento y los tributos aduaneros se reemplazan por derechos e impuestos a la importación.

También incluye una definición de obligación aduanera, la cual es una incorporación de la definición de obligación aduanera contenida en el Artículo 27 de la Decisión 671 de la CAN, consagrando con precisión su alcance, naturaleza y responsables especificando su contenido en la importación, exportación, tránsito y depósito. Así mismo, distingue entre intermediación aduanera y declarante, y entre Obligados Aduaneros directos e indirectos, estableciendo así la órbita de su responsabilidad, por lo cual, incluso para el obligado indirecto, es esencial conocer el régimen legal aplicable.

En segundo lugar, la normativa parece ser más previsible al consolidar todos los regímenes especiales (Artículos 34 y 35). Esta modificación permite conocer sus requisitos y beneficios de manera clara sin acudir a múltiples normas.

Adicionalmente, el proyecto, para facilitar el comercio y establecer un trámite más expedito, consagra facilidades para el pago de tributos aduaneros en sus artículos 29 (que crea la posibilidad de efectuar pagos diferidos), 144 (que establece las diferentes formas o modalidades de declarar: normal, simplificada, simplificada especial y consolidada) y 213 (que determina las clases de desaduanamiento: abreviada, anticipada, normal, y urgente) y para la constitución de garantías y pólizas, así como una inspección aduanera no intrusiva y resoluciones anticipadas. Es vital que los operadores de comercio exterior conozcan en detalle estos mecanismos, para que efectivamente se cumplan los compromisos internacionales adquiridos.

En cuarto lugar, el desaduanamiento en envíos de entrega rápida o mensajería expresa en las importaciones y «en circunstancias normales», se deberá realizar en seis horas. Ahora bien, será interesante evidenciar en la práctica qué entienden las autoridades aduaneras por “circunstancias normales”, y si las demoras administrativas constituyen una circunstancia “normal”.

Finalmente, el régimen sancionatorio responde a una visión donde la confianza en el usuario aduanero es eje principal. Pretende ser un estatuto menos fiscalizador y en este sentido los errores de tipo formal en las declaraciones aduaneras, que no afecten el menor pago de tributos aduaneros o incumplan restricciones legales o administrativas, no dan lugar a sanciones.

En general, es posible afirmar que el proyecto busca facilitar el comercio y simplificar trámites para aquellos que “hacen las cosas bien”. Sin embargo, dependerá de las autoridades aduaneras la reglamentación y aplicación de estas y otras normas que, en principio, cumplen con los estándares internacionales a pesar de tener ciertas vías de escape, las cuales se deben identificar antes de que un operador de comercio exterior inicie actividades bajo un nuevo Estatuto Aduanero.

 

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